A la hora de enviar comunicaciones comerciales electrónicas, bien sea vía web, con newsletters y boletines por correo electrónico, por SMS, programas de mensajería instantánea, redes sociales o campañas comerciales subcontratadas a terceros, es esencial tener criterios claros sobre la protección de datos para cumplir con la normativa y evitar riesgos de sanción.

El criterio de la Agencia de Protección de Datos es que prevalece la Ley de Comercio Electrónico sobre la normativa de protección de datos, y dicha ley prohíbe “el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas previamente o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas, salvo que  hubiera una relación contractual previa con el destinatario, sus datos se hubieran obtenido de forma lícita y se enviaran comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios del propio remitente (no de terceros con los que el destinatario no ha contratado) similares a los que contrató, siempre que  el destinatario no manifieste su voluntad en contra”

Es decir, se pueden enviar comunicaciones comerciales a clientes/as, salvo que se haya opuesto expresamente, pero para hacerlo a no clientes que nos interesa que lo sean con los que no se tiene relación, hace falta autorización previa del destinatario. 

En todo caso, a la hora de mandar comunicaciones comerciales a aquellas personas que nos han dado su consentimiento para hacerlo, conviene tener en cuenta una serie de aspectos: 

  1. Los datos de contacto de la persona destinataria se han tenido que obtener lícitamente (cuidado con las “compras de bases de datos” que generan mucho más riesgo que beneficio si no se hacen con un buen contrato que debe tener un contenido específico)
  2. Sólo se pueden mandar comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de la propia organización (no de terceros, con los que se haya concluido un convenio, por ejemplo)
  3. Si el destinatario se opone no se le pueden mandar

Si para el envío de las comunicaciones comerciales se utiliza software de envío masivos de e-mails hay que intentar evitar empresas extraeuropeas para evitar el riesgo de realizar transferencias internacionales de datos sin las debidas garantías, que pueden originar algún tipo de sanción


Es conveniente consultar los sistemas de exclusión publicitaria
antes de hacer los envíos de estas comunicaciones.  La Lista Robinson no tiene coste para pymes y autónomos hasta 30.000 registros consultados al año. Si una persona se ha inscrito en esta lista, pero ha dado su consentimiento para enviarle comunicaciones electrónicas o ya es cliente/a, podemos hacerle llegar nuestra propuesta comercial 

Desde Grupo Vadillo os recomendamos tener en cuenta estos criterios antes de realizar alguna acción de este tipo y redactar un procedimiento interno que regule la gestión de estas comunicaciones para asegurarse del cumplimiento en materia de protección de datos y evitar alguna complicación en forma de sanción. 

 

Si necesitas asesoramiento en esta materia no dudes en consultarnos :

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